La estructura del sistema colombiano de salud

Prima media y ahorro individual, coexisten entre sí en el régimen prestacional en materia de salud y riesgos profesionales prestados tanto por la medicina privado como por los administradores de riesgos profesionales públicos y privados.

En el caso del ISS, los riesgos de IVM, EGM, ATEP, se encuentran integrados, pese a la presión de sectores públicos y privados por desestructurar su funcionamiento.

La desregulación del sistema pensional ha afectado a los actuales pensionados que se han visto obligados a pagar de manera separada sus aportes en salud.

La coexistencia del sistema salud – pensiones – riesgos, alterna con el subsistema de cajas de compensación familiar y con el régimen subsidiado de salud creado con el objeto de proteger a los sectores que por razón de su situación económica no tienen acceso a la Seguridad Social.

Los resultados para estos dos sectores han sido negativos. Uno y otro se ha obligado a competir, vender servicios y así mismo perder su objetivo social.

ANALISIS DE IMPACTO

Los antiguos o actuales pensionados enfrentan la permanente presión de sectores representantes del sector financiero, que conciben la Seguridad Social como un instrumento de dinamización del sector e instrumento en el actual proceso de concentración de capitales. No es casual que el paradigma chileno se haya querido internacionalizar para ser aplicado en todos los países de democracia restringida.

Los recortes de la política social y al tamaño social del Estado, sobre todo en las anteriores funciones de beneficio a los sectores medios y pobres, están asociados a la privatización de empresas de economía social con desmedro directo de las prestaciones sociales.

Ejemplo: En Colombia, el principal argumento para la comercialización de las comunicaciones de larga distancia internacional, ha sido el “alto costo de la carga pensional”.

En el caso del sector petrolero, se está aprovechando la presión insurgente sobre la infraestructura petrolera, para promover el desmonte de los regímenes especiales de pensión de jubilación adquiridos por vía de la negociación colectiva.

Los trabajadores en el proceso de transición si bien han contado con los beneficios de Ley, no están exentos de presiones extralegales provenientes de las debilidades del sector laboral en cuanto a sus relaciones obrero patronales, como a la presión de flexibilización que impera en el modelo laboral presente impuesto a través de la Ley 50 de 1991.

Nuestras organizaciones sindicales son objeto de permanente denuncia de trabajadores sobre la exclusión y presión patronal, para que opten por Fondos privados, o renuncien del plan de transición en beneficio de acuerdos empresariales con el sector financiero.

Aunque el panorama pensional no muestra mejoramiento de las condiciones de cobertura para sectores no protegidos, para los antiguos pensionados la prestación y el ejercicio del derecho se hace conflictivo.

Los esfuerzos iniciales del gobierno del “Salto Social” para ampliar el acceso a la pensión, tuvo que ser suspendido por efecto de los recortes y ajustes a la protección social.

Los ajustes a la prestación de pensiones ponen en peligro la misma al hacerla depender de los esfuerzos de los afiliados por medio de su cuenta individual. Quienes se trasladan al nuevo régimen se tienen que someter al incremento de edad y tiempo de aportes, con mayor lesividad si están cercanos a su jubilación.

Fuera del ISS, no existen condiciones reales de garantía sobre rentabilidad mínima dependiente del funcionamiento de la economía. La incertidumbre del mercado de las pensiones no cuenta con un enfoque social y sus fuentes de financiamiento son indeterminadas. Razón que igualmente impide garantizar la ampliación de cobertura para trabajadores de escasos recursos, (informales, independientes, campesinos, etc.).

LOS COSTOS EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE PAGO

El deterioro pensional está asociado con el regresivo esquema de desarrollo adoptado por los gobiernos neoliberales. Los costos se relacionan con la estabilidad de un sistema de Seguridad Social fuerte, riguroso, relacionado con el desarrollo de los diversos sectores productivos y propendiendo por la industrialización. Sin una estructura de pleno empleo, bien remunerado, estable y productivo, las pensiones que no cuenten con suficientes reservas, se convierten en una bomba de tiempo.

El costo de la gestión de las administradoras de pensiones (3.5 de 13.5 puntos porcentuales sobre el salario base) es equivalente a la cuarta parte del total de los ingresos, restando los costos de aseguramiento en invalidez y sobrevivientes. Contra el 2% de los gastos de administración en el ISS. Este panorama pone igualmente en peligro, el derecho al goce de la pensión.

Así se demuestra que la competencia en pensiones no es garantía de eficiencia, sino que se va generando la expectativa de una bomba de tiempo con costos similares a una nueva deuda externa, de responsabilidad del Estado quien en últimas debe responder por la quiebra del sistema pensional.

Esta participación tardía del Estado frena las expectativas sociales de ampliación de cobertura del nuevo régimen pensional. Queda así solamente, la posibilidad por medio del Seguro Social, de ampliar la cobertura, tal como se hizo en salud a través del sistema de medicina familiar y del Seguro Social campesino.

La participación de los trabajadores en el proceso, administración, fiscalización y monitoreo del sistema pensional, es garante de su buen funcionamiento y logro de los objetivos.

Si la mayoría de las reformas a la Seguridad Social, se han desarrollado como en Chile, en escenarios dictatoriales de violación de los derechos humanos y democracia restringida, se niega el sustento democrático que le garantiza eficiencia a su funcionamiento.

La Seguridad Social en su condición de derecho fundamental, con sus recursos concebidos como bienes parafiscales y su infraestructura considerada como patrimonio social, favorece el cumplimiento de un fin último. (suficiencia, eficacia, equidad, oportunidad, redistribución y bienestar social).

Estos objetivos son alcanzables si el sistema cuenta con la información adecuada y la organización de sus usuarios, trabajadores y funcionarios en perspectiva de desarrollar el modelo atípico de gestión y administración de sus Instituciones de Seguridad Social.

Las grandes carencias en materia de participación como realización práctica de la solidaridad, los frenos institucionales para desarrollar el tejido organizativo, fomento de la educación y la investigación, atentan contra el cumplimiento del ejercicio de la democracia administrativa, tal como lo considera la OIT.

La participación está asociada a replantear las condiciones de pacto social que ha tenido la Seguridad Social como un verdadero acuerdo entre la fuerza del trabajo y los intereses sociales del capital intervenidos por la mediación del Estado.

Acuerdo tripartita que de no realizarse impide la realización de mecanismos de control social sobre las instituciones que administran los derechos a la protección social y el bienestar. Queda así la vigilancia del sistema como una práctica formal de exposición de presiones jurídicas (tutelas, acciones de cumplimiento, etc.) sin capacidad de reorientación y conducción política de los procesos de la Seguridad Social.

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